El Ayuntamiento, que gestiona con recursos propios la recaudación, supera los tres millones de euros ingresados en vía de apremio por deudas y sanciones en el primer trimestre de 2025.
El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha logrado ingresar durante el primer trimestre de 2025 un total de 3.007.393,08 euros en concepto de sanciones urbanísticas y otras deudas tributarias, gracias a la gestión directa y eficaz del departamento de Recaudación. Entre las actuaciones más destacadas de este periodo cabe destacar el cobro de dos sanciones urbanísticas de especial relevancia, gracias al trabajo conjunto de los departamentos de Recaudación e Infracciones.
La primera de ellas, por un importe de 758.346,30 euros, se impuso por la ejecución sin licencia municipal de una serie de obras en una vivienda ubicada en suelo rústico en Santa Gertrudis de Fruitera. Las intervenciones ilegales incluían la reforma de la vivienda, ampliaciones por un total de 115 metros cuadrados, la sustitución de cubiertas y la construcción de una piscina de 55 metros cuadrados.
La segunda sanción cobrada, por un total de 245.815,72 euros, corresponde a una infracción consistente en la reforma integral de un restaurante, incluyendo el cambio de cubierta y trabajos en zonas ajardinadas. Las inspecciones técnicas revelaron que las obras ejecutadas no se correspondían con las autorizadas y carecían de título habilitante.
A estos importantes ingresos se suman las deudas tributarias pendientes de varias empresas, así como otros cobros efectuados mediante procedimientos de embargo.
Este resultado refuerza el compromiso del Consistorio con una administración eficiente y responsable, que ha ampliado su capacidad recaudatoria con un convenio pionero en Baleares suscrito con el Consell d’Eivissa, que permite al Ayuntamiento actuar sobre deudores que residen fuera del término municipal. De esta manera, se ha logrado evitar las dificultades administrativas que impone la legislación a los ayuntamientos para poder ejecutar órdenes de apremio fuera de su territorio y que puede dilatar en varios años la posibilidad del cobro cuando los bienes de las personas o sociedades sancionadas están radicados en otros municipios de la isla.
