El departamento de Actividades del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, en colaboración con la Policía Local, está desplegando este verano una campaña de refuerzo de las inspecciones a negocios de todo tipo ubicados dentro del municipio. Esta campaña, iniciada a principios de junio, ha permitido en tres meses inspeccionar 45 negocios, levantar unas 70 actas de infracción y decretar una treintena de medidas cautelares o provisionales. Entre las vulneraciones, las más habituales son la falta de licencia habilitante para determinadas actividades, aunque también hay cuestiones relacionadas con seguridad contra incendios, ruido, estética y, incluso, de uso como vivienda de espacios no habilitados.
La intensa actividad económica en el municipio de Santa Eulària des Riu suele desarrollarse dentro del respeto a las normas de convivencia y en la reglamentación que fijan los diferentes marcos normativos, incluyendo las ordenanzas municipales. Pero el gran número de negocios en marcha y sus diferentes cambios de propiedad suponen que, en algunos casos, los propietarios no cumplan con todos los trámites administrativos necesarios o no adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, la buena convivencia con los vecinos y el respeto a la competencia en igualdad de condiciones.
Por este motivo, el Consistorio desarrolla regularmente una actividad de vigilancia y supervisión que, al llegar la temporada, se ha querido reforzar de manera que se puedan controlar las infracciones en el período de mayor actividad, con los negocios de temporada abiertos. Así, todas las semanas se han planificado jornadas intensivas de revisión de negocios de manera conjunta entre el departamento de Actividades y la Policía Local.
Fruto de estas revisiones se han visitado 43 negocios, de los cuales 23 han sido bares y restaurantes. El resto se han dividido entre establecimientos de alojamientos, comercios y actividades industriales. En cuanto a zonas geográficas, el pueblo de Santa Eulària ha sido la zona con más intervenciones, pero también se han revisado empresas de San Carlos, es Canar, Santa Gertrudis, Cala Llonga, Cala Nova, se Puig d'en Valls, Ca na Palava o es Cap Martinet.
Por tipo de infracción detectada, en 24 casos no se ha presentado licencia o título habilitante para ejercer la actividad y en 17 casos se había modificado el tipo de actividad sin tramitar este cambio. En cuatro ocasiones, se había producido un cambio en la titularidad del negocio sin haberlo registrado.
Ante estas infracciones de tipo más administrativo, al igual que los 20 casos en que no se presentó en el momento de la inspección del seguro obligatorio (aunque se presentó posteriormente y con vigencia del día de la visita), destaca el bajo, pero preocupante, número de infracciones detectadas en cuestiones sobre seguridad en caso de incendios. En cinco casos se han abierto expedientes por falta de extintores y otros medios para sofocar un fuego, así como infracciones en cuanto a salidas de emergencia. Otras cuestiones detectadas han sido baños no accesibles o destinados para trabajadores pero sin la preceptiva ducha.
Destaca el hecho de que se hayan abierto dos expedientes por uso de espacios como vivienda sin permiso, a un antiguo camping ahora sin actividad y en un establecimiento de restauración. Igualmente, se han abierto dos expedientes para anunciar fiestas sin los permisos adecuados. Otras infracciones han sido la falta de permisos para disponer de música de carácter ambiental (4 casos) y la presencia de limitadores de sonido mal conectados o sin funcionar (otros 3). En 3 casos también se han levantado actas por incumplimientos de la ordenanza de Estética y Ocupación de la Vía Pública.
En cuanto a medidas cautelares, en 30 casos se ha propuesto la suspensión de la actividad o de la parte no regulada, además de 20 casos en que esta medida se ha estimado hasta la presentación del seguro obligatorio. En tres casos se ha adoptado la medida provisional de suspensión o prohibición de la actividad.
En todos los casos, cuando se ha observado que los incumplimientos afectan a competencias de otras administraciones, como el Consejo Insular de Ibiza o el Gobierno, se les ha dado traslado de la información recogida para que inician, si procede, sus propios expedientes.
