El Pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha aprobado esta mañana volver a pedir nuevamente al Consell Insular de Ibiza la cesión del tramo de la carretera PM-810 que atraviesa la población de Sant Carles de Peralta, ya que el Consistorio ejecutó una rotonda para sacar el tráfico de dentro del pueblo y no haber entregado a cambio la carretera actual bloquea el proyecto de peatonalización del centro de la población. En el plenario, igualmente, el Consistorio ha reclamado a la administración insular la realización de un carril bici entre el Puig d'en Fita (Siesta) y el pueblo de Santa Eulària des Riu, y se ha aprobado una moción en que se comunica al Consell que se entiende que la regulación del alquiler turístico debe hacerse mediante el planeamiento urbanístico, por lo que se considerará prohibido en edificios plurifamiliares, al igual que en las viviendas unifamiliares, aunque en este caso es una medida cautelar hasta que no se hagan los estudios necesarios y se tome una decisión definitiva que deberá ser incorporada a las Normas Subsidiarias.
En cuanto al primer punto, la moción presentada por el equipo de Gobierno recuerda que el Consistorio ha expresado los últimos años y en diferentes ocasiones su interés en desarrollar un Proyecto de peatonalización del centro de Sant Carles que mejore la seguridad de las personas al mismo tiempo que ponga en valor la zona, ganando espacios peatonales y ayudando a reducir el impacto tanto ecológico como estético que tiene el tráfico rodado en una zona que ha sabido conservar su esencia y que ha sufrido un crecimiento controlado y razonable.
En este sentido, la moción recuerda que hace un año que se puso por escrito y formalmente la petición hecha en público y en privado de cesión de la vía por parte del Consell Insular, titular de la misma. Ante la falta de respuesta, el Consistorio quiere recordar la importancia de este Proyecto y que no se puede ejecutar por parte del Ayuntamiento sin ser el propietario del tramo afectado.
Sobre la propuesta de carril bici, la moción aprobada recuerda que en 2008 ya se presentó esta petición al Consell Insular ya que es el titular de la vía afectada (la carretera a Cala Llonga). La propuesta recuerda que el Proyecto ayudaría a mejorar el seguridad y remarca la importancia de fomentar una nueva movilidad, como ha hecho el Ayuntamiento con el carril bici ejecutado a la entrada de Puig d'en Valls o el previsto en la reforma de es Canar.
La moción acuerda volver a remitir el Proyecto previo redactado por el Consistorio, ofrece la posibilidad de firmar un convenio para ejecutar las obras lo antes posible y pide ampliar la propuesta para ampliar las aceras desde el Puig d'en Fita hasta la zona de sa Font donde el Consistorio ha ejecutado mejoras de seguridad (aceras, paradas de autobús, iluminación y otros) con el consentimiento del Consell.
En otro punto destacado, se ha aprobado la propuesta del equipo de Gobierno de vinculación de la zonificación turística a los usos urbanísticos. El Consistorio considera que la única forma de regular la localización de los usos turísticos como el alquiler es a través del planeamiento urbanístico, de competencia municipal. De esta manera se podría hacer una delimitación más adecuada a la realidad de cada municipio y, en caso de decretarse la prohibición, ésta tendría una mayor solidez. La moción recuerda que el Consistorio ya ha cambiado su planeamiento para prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares y decreta la prohibición de esta práctica en viviendas unifamiliares hasta que no se determine si debe estar permitido o no (y, en caso afirmativo, dónde y en qué condiciones) y que esta regla se incorpore a las Normas Subsidiarias.
Otros puntos tratados han sido la aprobación del programa de recogida de basuras, limpieza viaria y de playas para el 2018. En este sentido, se contemplan más contenedores (incluidos soterrados en la zona de Cas Capità), más medios técnicos y humanos, dos informadores ambientales y más servicio en recogida selectiva, especialmente en grandes productores. El Pleno también ha aprobado por unanimidad pedir el descuento del 75% a los trayectos aéreos con la Península, una vez que se apruebe el Presupuesto General del Estado.
