El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha iniciado tres procedimientos sancionadores para el comprador y el vendedor que han instalado sin licencia una vivienda prefabricada en una parcela del barrio de Can Lluis de sa Rota aunque hubo siete advertidos de que estaban violando la normativa urbanística contemplada en las Normas Subsidiarias de municipio. En total, el valor máximo de las sanciones que se podrían llegar a imponer suma los 175.000 euros, a razón de 110.630 euros el propietario de la casa y 64.875 la empresa peninsular que la vendió e instaló. Esta intervención se encuadra dentro de una campaña del Consistorio para detectar la implantación de casas prefabricadas, fijación de caravanas con carácter de permanencia y elementos similares sin licencia, una práctica ilegal que puede generar problemas de derrames , riesgo de incendio y otras cuestiones medioambientales.
Los hechos se descubrieron el pasado día 20 de marzo cuando un transportista pidió al Ayuntamiento acompañamiento para un transporte especial que debía discurrir por calles y vías municipales desde el puerto de Ibiza hasta el barrio de Can Lluis de sa Rota . Dado que el camión de gran tonelaje ya se encontraba en circulación (la Guardia Civil había hecho el acompañamiento por la carretera de Vila), la Policía Local procedió a realizar el seguimiento y abrir el paso al convoy. Una vez llegados a su destino, tanto los agentes presentes como el jefe de servicio interrogaron al propietario sobre la licencia para la instalación, no pudiendo presentar ninguna. Ante esta situación se informó al comprador de la casa que cometería una infracción si la instalaba y a la empresa vendedora de que también sería responsable si ayudaba. Finalmente, ambos ignoraron las advertencias y procedieron a descargar la edificación.
Ante este hecho, el servicio de Infracciones ha instruido un expediente contra la empresa transportista por un supuesto delito urbanístico que puede suponer una multa de entre el 100 y el 250 por ciento del valor estimado de la casa prefabricada, de unos 40 m2 y valorada en unos 25.950 euros, por lo que la sanción podría llegar a los 64.875 euros.
En el caso del propietario de la parcela y comprador de la casa, se le abre un expediente sancionador también por una infracción urbanística, con la misma horquilla sancionadora, pero la cuantía puede llegar a los 74.750 euros ya que, además de la casa prefabricada, se observaron cuatro casetas de obra, por un valor total estimado de 3.950 euros. Además, también se ha abierto un expediente de reposición de la realidad física alterada de modo que, si a finales de mayo no se han retirado los elementos, se podrían llegar a imponer hasta 12 sanciones por un valor cada una equivalente al 10% del valor de las obras, es decir, hasta 35.880 euros divididos en cuotas de 2.990 euros cada una.
Esta intervención forma parte de una campaña específica iniciada por el Consistorio para convertir la instalación de elementos sin licencia en parcelas rústicas, una práctica que, además de no ser legal, implica riesgos de seguridad ante la carencia de medidas preventivas para evitar derrames, incendios u otros daños al medio ambiente. En esta línea, ya se ha documentado otros ocho casos de instalación de elementos temporales (caravanas, casetas prefabricadas, de obra o tiendas tipo 'tipi').
Para combatir esta actividad, el Consistorio se ha puesto en contacto con la Guardia Civil de Tráfico para compartir información sobre los transportes especiales de viviendas prefabricadas que puedan tener como destino el municipio de manera que se pueda comprobar, a ser posible antes de su traslado, de que la casa tenga licencia.
