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Ya se han iniciado los trabajos de demolición de diferentes elementos de una vivienda en Roca Llisa que el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu comunicó a Fiscalía por no ajustarse a la legalidad y constituir un posible delito contra el territorio. A finales del año pasado, el juzgado comunicó al Consistorio la obligatoriedad de que se ejecutara el derribo y que, si la propiedad no lo hacía por sí misma, la administración local podía ejecutarlo y repercutir los costes los infractores. Finalmente no ha sido necesaria la ejecución subsidiaria y ha sido la misma propiedad la que ha iniciado los trabajos, que serán revisados posteriormente para determinar si se ha cumplido con la sentencia judicial.
El Juzgado Penal número 1 de Ibiza notificó al Ayuntamiento en julio del año pasado que tenía que ejecutar de forma subsidiaria (de forma que, posteriormente, se le reclamara el importe de los trabajos a los propietarios de la casa) la demolición de buena parte de los elementos anexos a una vivienda situada en la calle Luis Grasset de Roca Llisa, conocida como Cas Calero. El Ayuntamiento comenzó entonces a pedir presupuestos a diferentes empresas e inició la redacción del proyecto de demolición. Ante la inminencia de la actuación municipal, la propiedad decidió no retrasar más el desempeño de la orden judicial y comunicó que se haría cargo ella misma de las obras, que se han iniciado hace unos días.
Las actuaciones que se están llevando a cabo son la eliminación de pavimento de hormigón de la rampa de acceso y la zona de estacionamiento, eliminación de la base de hormigón y la cubierta de gres del camino de acceso a la caseta de calderas y desaladora, demolición de la caseta de la desaladora, el desmontaje de una casa de madera, retirada de postes de cercado, destrucción de instalación para barbacoa, demolición de unos bloques con dormitorios y baños, así como el local para la maquinaria de la piscina y otras instalaciones de servicio, desaparición de un estanco ornamental, retirada de restos de obra y otros del torrente de Cala Espart, demolición del muro de contención de la terraza y eliminación de la fosa séptica y las canalizaciones necesarias.
Estas demoliciones son parte de la sentencia que condenaba también a un año de prisión a la dueña de la vivienda, S.D.K., por delitos contra el Medio Ambiente y por desobediencia al Consistorio. Esta resolución judicial tiene fecha de abril de 2010 pero todo el procedimiento se inició en el mismo mes de 2005 cuando el Ayuntamiento emitió un decreto de Alcaldía para paralizar los primeros trabajos. Posteriormente, se constató que se fueron iniciando diferentes construcciones. Todas ellas se justificaban en una licencia de obra menor y todas ellas supusieron una orden de paralización por parte del Consistorio que, finalmente, presentó denuncia ante Fiscalía, lo que motivó que el procedimiento sancionador administrativo quedara en suspenso.
